Inversionistas estadounidenses inician arbitraje por el caso de filtración de datos de Coupang

El 23 de enero de 2026, las firmas de inversión estadounidenses Greenoaks y Altimeter presentaron un aviso de intención ante el Ministerio de Justicia de Corea del Sur para buscar un arbitraje de solución de controversias entre inversionistas y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés) bajo el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Corea. La presentación inicia un periodo de consulta obligatorio de 90 días antes de que pueda comenzar el arbitraje formal. Desde entonces, tres inversionistas estadounidenses adicionales —Abrams Capital, Durable Capital Partners y Foxhaven Asset Management— se han unido al caso. Los inversionistas alegan que las acciones del gobierno de Corea del Sur constituyen un “asalto sin precedentes” contra Coupang, que tiene su sede en Seattle, Washington, pero opera en Corea del Sur, Taiwán y Japón. Según el asesor legal de los inversionistas, la “conducta impactante” del gobierno representa una “violación atroz del Tratado” y una “campaña de discriminación de larga data” contra la empresa, advirtiendo sobre posibles demandas por miles de millones de dólares en daños por “intento de expropiación”.

La disputa se deriva de una filtración de datos en la que se expuso la información personal de casi 34 millones de clientes coreanos. El Ministerio de Ciencia y TIC de Corea del Sur declaró el miércoles que la filtración fue llevada a cabo por un ex empleado que había trabajado en los sistemas de autenticación de la empresa. Aunque la Comisión de Protección de Información Personal (PIPC, por sus siglas en inglés) de Corea del Sur investigó la filtración, los inversionistas de Coupang argumentan que solo 3,000 cuentas fueron realmente afectadas. Caracterizan la respuesta regulatoria como una “investigación discriminatoria”. Bajo la ley actual de Corea del Sur, las sanciones por filtración de datos tienen un tope del 3% de los ingresos, lo que equivaldría a más de USD 800 millones para Coupang. Sin embargo, algunos legisladores locales han propuesto elevar el tope de la sanción al 10% y aplicarlo retroactivamente, una medida respaldada por la PIPC. El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, también ha pedido públicamente sanciones severas. En respuesta a la presión, Coupang reemplazó a su ex director ejecutivo, Park Dae-jun, con el nuevo director ejecutivo Harold Rogers en diciembre.

Según Adam Farrar, asociado senior en CSIS y analista senior de geoeconomía para APAC en Bloomberg, el caso está amplificando reclamos estadounidenses más amplios sobre un trato injusto hacia las empresas tecnológicas estadounidenses. Hablando el martes en el podcast Impossible State, Farrar señaló: “La filtración masiva de datos [por parte de Coupang] condujo a una serie de investigaciones en la Asamblea Nacional y a un intercambio muy combativo con Coupang y una serie de ejecutivos durante los últimos meses”. Los inversionistas argumentan que la aplicación regulatoria de Corea del Sur ha sido altamente inconsistente, señalando sanciones significativamente más leves impuestas a otras empresas por problemas de datos:

• KakaoPay: transfirió 54 mil millones de registros de clientes a Alipay Singapur, pero enfrentó solo una multa de USD 10 millones.
• SK Telecom: multada con USD 91 millones tras una filtración de tarjeta SIM.

Por qué importa

Esta escalada legal transforma un incidente estándar de seguridad de datos en un punto de conflicto geopolítico, poniendo a prueba los límites del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Corea y señalando posibles riesgos comerciales para las empresas estadounidenses que operan en Corea del Sur.