Legisladores bipartidistas piden a EE. UU. prohibir firmas de "hackeo por encargo"

Un grupo bipartidista de legisladores estadounidenses pidió al gobierno prohibir a varias firmas de “hackeo por encargo” —empresas que realizan ciberataques a pedido de clientes que pagan por ello—, acusándolas de atacar a ciudadanos estadounidenses y de abusar de tribunales extranjeros para silenciar reportajes estadounidenses sobre sus actividades. Los senadores demócratas Ron Wyden, de Oregón, y Sheldon Whitehouse, de Rhode Island, junto con el congresista republicano Pat Harrigan, de Carolina del Norte, enviaron el miércoles una carta al secretario de Comercio, Howard Lutnick, instándolo a incluir a tres empresas indias —BellTroX, CyberRoot y Sunkissed Organic Farms (antes conocida como Appin)— en la “lista de entidades” de sanciones económicas del departamento, lo que prohibiría a las empresas estadounidenses hacer negocios con ellas y restringiría su acceso a tecnología crítica como licencias de software e infraestructura en la nube.

Los legisladores afirman que las tres firmas han realizado durante más de una década ciberataques y espionaje dirigido contra ciudadanos estadounidenses, dueños de negocios y sus abogados para “manipular litigios en curso”, y las acusan de haber robado datos de miles de estadounidenses mediante una “campaña agresiva de censura” destinada a suprimir el conocimiento público de sus presuntas actividades. “Este esfuerzo coordinado permite efectivamente que entidades extranjeras usen tribunales extranjeros para mantener al público estadounidense en la oscuridad sobre las amenazas cibernéticas a su propio país, y socava los derechos constitucionales fundamentales de los ciudadanos estadounidenses”, escribieron los legisladores. No está claro si el Departamento de Comercio incluirá a las empresas en la lista; un portavoz no respondió a una solicitud de comentarios.

La carta llega después de una amplia cobertura periodística sobre la industria del hackeo por encargo que documenta cómo se paga a hackers para irrumpir en los correos electrónicos y dispositivos de ejecutivos, legisladores y funcionarios militares con el fin de obtener ventaja en demandas o influir en sus resultados. Appin había obtenido previamente una orden judicial global de un tribunal indio que obligó a Reuters a retirar temporalmente su cobertura sobre la empresa mientras Reuters apelaba; la orden fue levantada después y el reportaje fue republicado.

La carta de los legisladores afirma que las firmas operaron por instrucción del gobierno de Catar y que entre sus blancos hubo un exlegislador republicano de alto rango. Appin ha sido vinculada anteriormente a una campaña de ciberataques contra funcionarios de la FIFA que, según reportajes, fue dirigida por Catar para proteger sus planes de organizar el Mundial de 2022. Representantes de las tres firmas y del gobierno catarí no respondieron a solicitudes de comentarios.

Por qué importa

La iniciativa pone a prueba si Washington tratará las operaciones extranjeras de hackeo por encargo como una amenaza a la seguridad nacional que merece sanciones, en lugar de una disputa legal privada entre hackers y sus blancos.